Sin una división clara de poderes, México enfrenta un peligro: el regreso al autoritarismo que tanto costó superar

Una característica esencial de las democracias occidentales modernas es la división de poderes, que establece mecanismos y normas para distribuir las facultades de las autoridades según sus funciones. El filósofo francés Montesquieu, en el marco del pensamiento ilustrado, expresó su temor a la concentración del poder político, ya que, en su opinión, dicha concentración pone en riesgo la libertad de los ciudadanos. Este argumento parte de la suposición de que la condición humana tiende al abuso de poder, por lo que este debe restringirse mediante la distribución de facultades entre actores legítimamente democráticos.

Los órganos de distribución mencionados en la propuesta de Montesquieu son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que representan esferas diferenciadas del ejercicio de la autoridad política. Aunque hoy esta división parece algo normalizado, es crucial contextualizarla históricamente.

El pensamiento ilustrado surgió como alternativa intelectual y política frente a los gobiernos absolutistas europeos, que para entonces enfrentaban una profunda decadencia económica y política. El republicanismo, opuesto al ejercicio arbitrario de los monarcas, impulsó la organización popular y la movilización política. No había duda de que las monarquías absolutistas europeas se encaminaban a un proceso de descomposición irreversible.

Aunque esta propuesta de división de poderes surgió en Europa, encontró un terreno fértil en América. Los movimientos independentistas del continente se vieron fuertemente influenciados por el pensamiento ilustrado. Tras su independencia en 1776, las trece colonias inglesas se constituyeron como los Estados Unidos de América y adoptaron la premisa básica de la división de poderes expuesta por Montesquieu.

De manera similar, al inicio del siglo XIX, las colonias españolas en América buscaron romper con el antecedente colonial, optando en su mayoría por el establecimiento de repúblicas con división de poderes. Sin embargo, en muchos casos, incluyendo México, estos proyectos carecieron de un marco institucional sólido. Los primeros años de vida independiente en México se caracterizaron por una alta conflictividad interna y falta de institucionalidad política.

El siglo XIX demostró las graves consecuencias de carecer de fronteras claras entre las facultades y atribuciones de los poderes. Esta debilidad provocó conflictos entre actores políticos, vulnerabilidad frente a invasiones extranjeras y, en general, una gran fragilidad de las instituciones del Estado mexicano.

Hoy en día, el debate sobre la división de poderes resurge con fuerza. A pesar del tiempo transcurrido, parece que no hemos aprendido lo suficiente para enfrentar los desafíos que plantea la complejidad de la sociedad mexicana. Este contexto exige un ejercicio responsable del poder político; de lo contrario, las fronteras de la división de poderes seguirán difuminándose, con el riesgo de causar un daño irreparable al Estado democrático que aspiramos a construir como país.